El sector agrícola en Tamaulipas consume 86% del recurso hídrico, pero sólo el 10% de los agricultores utiliza alguna tecnología en el riego.
Manuel Canales Bermea, candidato a Diputado Federal por el Distrito 1 de Tamaulipas de la Alianza Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), presentó su plataforma legislativa para impulsar leyes que garanticen el abasto y suministro de agua para Tamaulipas. El candidato dijo que es necesario que los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal trabajen juntos para tecnificar el agua que consume el campo y que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tenga mayor presupuesto para mejorar la infraestructura hídrica del país.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que para 2030 la población en Tamaulipas se incremente en un 17.2 %, lo que representaría una brecha hídrica de 2.1 mil hm3, esto según el estándar de consumo de 100 litros de agua por persona que establece la Organización Mundial de la Salud.
Canales Bermea señaló que la cuenca del Río Bravo atraviesa una crisis que se ha agravado en todo el estado, problema que se magnifica ante la falta de inversión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tamaulipas. En este contexto, el candidato dijo que «es inaceptable que Conagua haya excluido a Tamaulipas en 2024 de los proyectos de inversión para infraestructura hídrica, especialmente en los distritos de riego 025 y 026, que dependen de la agricultura y del suministro de agua para sobrevivir». “De un total de un paquete de inversiones de 96 mil 34 millones de pesos, Tamaulipas no recibe nada”, agregó Canales Bermea.
Por ello, el aspirante a la diputación, dijo que desde el Congreso federal, promoverá proyectos de infraestructura para la distribución del agua para uso humano, así como subsidios para el sector agrícola dirigidos a la tecnificación del riego de cultivos, dado que actualmente sólo el 10% del campo tamaulipeco utiliza alguna tecnología.
Asimismo, señaló el candidato que buscará reformar la Ley de Aguas Nacionales para que los estados tengan algún mecanismo de revisión sobre facultad sobre el agua, hasta ahora un derecho exclusivo de la federación.
